30 de Julio de 2019

Uno de los principales objetivos de la Reforma Energética del 2014 fue concluír con las posiciones monopolísticas de la CFE y PEMEX como entidades verticalmente integradas y permitir a todos los participantes del mercado jugar en un campo nivelado. No obstante, la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha contemplado un escenario en el que la CFE y PEMEX tendrían una posición de dominancia en el mercado energético.

¿Cuál sería el impacto de regresar a las condiciones del mercado previas a la reforma energética?

El usuario final, ya sea comercial o industrial, se vería afectado de manera dramática, toda vez que dejaría de beneficiarse de los niveles actuales de ahorros, competencia y transparencia al recibir ofertas de los proveedores en términos de precio y condiciones contractuales. El retorno al status quo anterior, en el que las tarifas de la electricidad se establecían arbitrariamente, con racionalidad económica limitada, inevitablemente conllevaría tarifas más altas para dichos usuarios. Se ha mencionado que el aumento de las tarifas de media y alta tensión se utilizaría para financiar la modernización de la red de distribución y transmisión, así como los nuevos proyectos de generación. Sin embargo, cualquier aumento en éstas probablemente sería utilizado para subsidiar las tarifas residenciales, el mantenimiento y la renovación de plantas antiguas e ineficientes, que funcionan con combustóleo y Diésel (mayor costo), y podría llegar a utilizarse para cubrir los pasivos laborales de la CFE, así como otros pasivos financieros.

La Secretaría de Energía ha destacado el que México requiere inversión privada para satisfacer la demanda y transitar a un nuevo modelo, donde la energía renovable y limpia jugará un papel importante y los usuarios finales podrán beneficiarse. Sin embargo, facilitar y habilitar un marco regulatorio asimétrico, con organismos reguladores en proceso de transformación, y donde las reglas parezcan inclinarse a la CFE y/o a PEMEX, probablemente difilcutaría las inversiones en infraestructura requeridas.

Además, cualquier caída en la inversión exacerbará los problemas actuales de apagones, restricciones en el suministro de gas y otras ineficiencias, en un momento en que se espera que la demanda de electricidad de México aumente aproximadamente un 3% anual en los próximos años.

El reto de la CFE para garantizar el suministro de electricidad y la incertidumbre en torno al monto de la inversión, podrían, de manera no intencional, ampliar los niveles actuales de pobreza energética. Esto implicaría menor acceso a energía limpia y accesible, y reduciría significativamente los objetivos de sostenibilidad de México.

En conclusión, es posible que decisión que implique volver a un escenario de energía pre-reforma y que
orbite alrededor de la CFE y PEMEX, podrá ser la causante de un impacto socioeconómico no
necesariamente favorable. México, como país, se encuentra en un período importante en el que intenta
construir un modelo energético que fomente alcanzar objetivos ambientales y de crecimiento a largo plazo.
El gobierno actual enfrenta diversos desafíos para cumplir con sus objetivos, sin embargo, debería de
prevalecer apertura en iniciativas y propuestas, que continúen construyendo sobre los logros alcanzados.
El éxito de los mercados de energía desregulada en otros países y lo logrado por México, debería generar la confianza entre los jugadores de política energética para desalentar un enfoque cargado al monopolio, o en su caso, buscar equilibrio entre visiones de política energética encontradas.

Adoptar un modelo en el que la energía limpia y renovable se maximiza, seguramente creará un entorno más sostenible para el futuro del país.